La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta una demanda federal, acusada de llevar a cabo una campaña para silenciar a los defensores de los derechos al aborto antes de una votación sobre la Enmienda 4, que protegería el acceso al aborto en el estado. La demanda, presentada por el grupo de defensa Floridians Protecting Freedom, sostiene que el equipo de DeSantis empleó «amenazas coercitivas» al advertir a los emisores sobre la posibilidad de enjuiciamiento penal si transmitían anuncios a favor de la Enmienda 4. Estos anuncios presentan a Caroline, una sobreviviente de cáncer cuya vida fue prolongada por el cuidado del aborto, describiendo su lucha mientras que la reciente prohibición del aborto de seis semanas del estado impide que otras mujeres tomen decisiones médicas similares.
Las tácticas de presión de la administración llevaron, según informes, a al menos una estación a retirar el anuncio. Esta demanda destaca las acusaciones de «interferencia gubernamental inconstitucional» destinadas a desviar el impulso de la enmienda a medida que se acerca la votación anticipada. El reciente establecimiento por parte de DeSantis de una fuerza de «policía electoral», acusada de apuntar a los peticionarios pro-Enmienda 4 con acusaciones de fraude, aumenta aún más las tensiones. Los defensores argumentan que las amenazas de Florida ponen en peligro la expresión política fundamental y podrían llevar a intentos de impugnar o subvertir los resultados electorales si la enmienda es aprobada.
