El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha desatado un intenso debate tras prometer expulsar a las familias de los supuestos atacantes involucrados en un incidente de atropello cerca de Glilot, en el centro de Israel. Al visitar el lugar del ataque, Ben-Gvir enfrentó llamados de los lugareños para tomar medidas drásticas contra aquellos relacionados con los presuntos perpetradores, y prometió avanzar con este plan, añadiendo: “Si Dios quiere, los expulsaremos.”
Esta postura resalta las políticas de línea dura de Ben-Gvir, que él argumenta son necesarias para la seguridad israelí. Desde hace tiempo aboga por respuestas severas al terrorismo, incluyendo medidas punitivas contra las familias de los supuestos atacantes. Los partidarios argumentan que estas medidas son necesarias para disuadir futuros ataques, mientras que los críticos sostienen que arriesgan escalar las tensiones y pueden violar los derechos humanos.
Los comentarios de Ben-Gvir ejercen presión sobre el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su partido Likud, a quienes instó a respaldar su postura. La respuesta del ministro no solo subraya su propia agenda, sino que añade tensión a un enfoque ya controvertido sobre la seguridad y gobernanza en Israel. Este último movimiento subraya las crecientes divisiones ideológicas dentro del liderazgo de Israel y ya está atrayendo la atención de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo.
La comunidad internacional, incluidos los defensores de los derechos humanos, ha expresado preocupación, advirtiendo que las tácticas de castigo colectivo a menudo alimentan el resentimiento y pueden incitar a más violencia. A medida que el debate público sobre sus comentarios se intensifica, las acciones de Ben-Gvir seguramente darán forma a la política de seguridad nacional de Israel y afectarán su imagen en el escenario mundial.
