La NCAA responde a la demanda antimonopolio sobre las reglas de NIL
La NCAA ha respondido a una demanda presentada por el Estado de Tennessee y el Commonwealth de Virginia, argumentando en contra de una orden de restricción temporal. La demanda, presentada por los fiscales generales de ambos estados, impugna las reglas relacionadas con el Nombre, Imagen y Semejanza (NIL) en el atletismo universitario. La respuesta de la NCAA sostiene que otorgar la orden de restricción crearía caos en una situación ya caótica.
La demanda se centra en cómo se puede utilizar legalmente el NIL en el reclutamiento de estudiantes-atletas. Actualmente, el NIL no puede ser utilizado para atraer reclutas a asistir a una escuela en particular o para discutir posibles pagos de NIL. La NCAA argumenta que esto constituye ‘pago por jugar’ y está preocupada por la posibilidad de incentivos para firmar.
La demanda argumenta que los atletas deberían poder beneficiarse del NIL y que la NCAA les está impidiendo hacerlo. También destaca el problema del portal de transferencias, afirmando que la política actual de la NCAA restringe la capacidad de los atletas para obtener ganancias en un mercado que incluye el portal de transferencias.
En respuesta, los abogados de la NCAA afirman que otorgar la orden de restricción causaría caos y transformaría el deporte universitario en un entorno donde los jugadores y las escuelas están motivados principalmente por el lucro financiero. Argumentan que las reglas actuales son el statu quo y que los demandantes no han explicado adecuadamente los daños que afirman.
Otro punto de controversia es el potencial de los contratos de NIL para crear ‘relaciones laborales’ entre las escuelas y los estudiantes-atletas. Los abogados de la NCAA argumentan que esto podría tener impactos negativos en los estudiantes-atletas y llevar a incentivos de reclutamiento.
Ambas partes ahora tienen hasta la noche del domingo para responder más, después de lo cual un juez determinará si dictar una orden de restricción temporal o insertar una orden judicial preliminar. Se ha programado una audiencia para el 13 de febrero en Tennessee, lo que indica que este caso puede continuar por algún tiempo.